Propuesta de reforma educacional para Chile

Por José Piñera
José Piñera es ex ministro de Trabajo y Previsión Social en Chile y co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute.

La Propuesta 
La educación pública está en crisis. Sólo un ejemplo elocuente: recientemente un ex ministro de Educación ha afirmado que la mayoría de los egresados del sistema de educación básica y media en Chile apenas comprenden lo que leen. Ya que será imposible eliminar la pobreza sin un aumento notable en la calidad de la educación y será difícil superar el subdesarrollo con esta carencia gravísima de capital humano, para superar esta crisis propongo la siguiente reforma estructural de la educación:
a) Con el actual presupuesto público dedicado a la educación básica y media (que hoy es entregado directamente a las escuelas subsidiadas por el Estado), financiar un "bono educacional", el cual sería entregado a cada familia pobre por cada hijo en edad escolar para que pueda pagar la escuela (pública o privada) que elija para sus hijos.
b) Iniciar un proceso gradual de licitación, altamente transparente, de las actuales escuelas públicas, comenzando por aquellas de áreas urbanas, incentivando a los propios profesores a organizarse en microempresas que postulen en estas licitaciones, convirtiéndose así en empresarios educacionales.
c) Derogar el Estatuto Docente, la ley especial que regula al detalle todo el proceso de remuneraciones y condiciones de trabajo, y establecer que los profesores se rigen por las mismas leyes laborales del resto del país.
d) Establecer la libertad de programas de estudios, exigiendo sólo un curriculum mínimo nacional.
e) Transformar el Ministerio en una Superintendencia de Educación que subcontrate en el sector privado diversas pruebas de calidad por escuela en todo el país y las de a conocer ampliamente, renueve y vigile que se cumpla el curriculum mínimo, y otorgue subsidios por concurso para la capacitación de directores, gerentes y profesores de escuelas.
Todo lo anterior conduciría a un sistema universal de educación privada, de amplia competencia y diversidad, con una regulación de contenidos mínimos y transparencia por parte del Estado. Estos principios, que son los mismos que subyacen en el exitoso sistema de previsión privada, conducirían a una competencia por elevar la calidad educacional y así atraer estudiantes con bono. Los recursos actuales dedicados a las subvenciones educacionales (entregados a las escuelas, es decir un subsidio a la oferta) se transforman en un bono educacional entregado a cada familia que lo necesite por cada hijo en edad escolar (es decir, un subsidio a la demanda). El valor del bono educacional sería un barómetro de la importancia que la sociedad le asigna al objetivo de superar la pobreza a través de mejorar la calidad de la educación. Así, por ejemplo, un programa de privatizaciones podría permitirle al Estado multiplicar el valor de este bono de manera permanente.
En el actual sistema, las remuneraciones de hecho se negocian centralizadamente entre el gobierno y un supersindicato (el Colegio de Profesores). En el esquema propuesto, las discusiones de remuneraciones se darían al interior de cada escuela entre los profesores y los dueños, de acuerdo a las mismas leyes laborales que rigen para el resto de los chilenos.
Se hablaría de productividad, de capacidades individuales, de vocación docente, de tecnologías educacionales, de calidad de la enseñanza. Por supuesto, los mejores profesores ganarían más que los malos profesores, y sería precisamente esa una señal poderosa para mejorar la calidad de las clases y el perfeccionamiento docente. Con el sistema del bono educacional, no habría paros nacionales que, en último término, sólo dañan a los niños pobres que asisten a las escuelas municipales.
Los empresarios educacionales que sean capaces de retener a los mejores profesores, pagándoles sueldos que reflejen su verdadero aporte, tendrán las mejores escuelas. Los padres se darán cuenta y llevarán allá a sus hijos, pagando con bonos financiados por el Estado. Esas escuelas se expandirán para atender al incremento de alumnos.
Habrá una competencia entre universidades y centros de estudio por desarrollar pruebas que midan lo mejor posible la "calidad educacional" de cada escuela (la actual prueba SIMCE sería sólo una de ellas). La Superintendencia de Educación controlará que los resultados sean transparentes y conocidos por los padres antes de tomar la decisión de donde matricularán a sus hijos.
Sería un nuevo mundo educacional; del Estado docente del siglo XX a la sociedad docente que requiere el siglo XXI.